El traslado de internamiento de Gerardo Sosa Castelán a un hospital privado de la Ciudad de México fue negado por un tribunal federal.

Mediante un recurso de queja en el que alegó que las autoridades del Penal del Altiplano no le suministraron debidamente los medicamentos y ni le atendieron sus nuevas afectaciones de salud, el ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió su excarcelación y traslado a Médica Sur.

Aunque el Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca concedió que le practiquen estudios de laboratorio y le suministren medicamentos para sus padecimientos de salud, se negó a concederle la protección judicial para excarcelarlo del Altiplano y enviarlo al nosocomio de la Alcaldía de Tlalpan.

Consideró que los médicos del sistema penitenciario no han sugerido que exista una necesidad imperiosa para ello.

En una suspensión de plano, se precisa que le deben suministrar oportunamente los medicamentos prescritos, principalmente para la hipertensión; realizarle un electrocardiograma, rayos X de tórax, biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina, entre otros estudios.

Sosa Castelán, de 65 años de edad, expuso que el 31 de agosto pasado, cuando fue ingresado a prisión, pesaba 82 kilos y hoy pesa 73 kilos.

Ahora también asegura tener dificultad para orinar, haber sufrido cinco desvanecimientos en los pasillos, tener mareos, ansiedad, problemas en la columna vertebral, miedo de levantarse y caerse, e hipertensión arterial sistemática.

El ex presidente del patronato de la UAEM está procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero supuestamente desviado por la universidad hidalguense.

La FGR señala que de 2011 a 2018 una empresa facturera denominada Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. recibió 58 millones 245 mil 948 pesos, provenientes de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la UAEM. (Con información de Agencia Reforma)

Un juez federal del Estado de México concedió una suspensión al expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo “N”, que ordena a las autoridades del Centro de Justicia Penal del Altiplano, lugar donde se encuentra recluido, le suministren y permitan el acceso de medicamentos para los problemas de hipertensión y preinfartos del corazón que padece.

“Con fundamento en los artículos 125, 126 y 161, todos de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas y conforme a los propios protocolos establecidos para tal efecto, de inmediato autoricen la entrega y suministro del medicamento necesario, conforme a su condición y expediente clínico, atendiendo las particularidades del caso, deberá realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico del quejoso”, señala el resolutivo del impartidor de justicia.

Al respecto, las autoridades penitenciarias ya rindieron su informe, en el cual le informan al impartidor de justicia que ya cumplieron con la medida cautelar.

En septiembre, Gerardo “N” fue vinculado a proceso junto con otros tres coacusados. La consignación que formuló la Fiscalía General de la República (FGR) en su momento se centra en el desvío de recursos que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca Sociedad Civil, una de las razones sociales fachadas con las que los procesados triangulaban recursos públicos.

También están acusados como presuntos responsables F. N., A. E. B. B. y dos hijas del expolítico hidalguense.

Un juez federal negó el amparo a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra el proceso que le iniciaron por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos.

Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resolvió que la vinculación a proceso no viola ninguna de sus garantías constitucionales, ya que fue dictado con los datos mínimos de prueba que exige la ley.

Esta determinación implica que el hidalguense continuará preso en el Penal Federal del Altiplano, ya que el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva de oficio.

"En efecto, del cúmulo de indicios sí se establece el vínculo organizado, existente entre los directores delictivos quienes idearon todo el esquema valiéndose de sociedades para la obtención de recursos de la UAEH, en la cual trabajó, ocultándolos a través de la multicitada sociedad (Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C.), misma que fue operada por las colaboradoras principales de este esquema", dice la sentencia.

"En ese orden de ideas, al no estar demostrado que los actos reclamados transgredan prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso y sin que se advierta queja deficiente qué suplir, lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada".

El juez Labastida Martínez afirma que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República son suficientes para establecer a manera de indicio la existencia de un grupo delictivo que operó y lavó recursos desviados de la UAEH, sobre la cual tenían un control patrimonial.

La actividad criminal la habrían realizado de manera reiterada, ya que la investigación detectó 2 mil 706 operaciones bancarias presuntamente ilícitas, del 1 de enero de 2011 al 1 de mayo de 2018.

Este fallo no constituye la última palabra, pues Sosa Castelán puede impugnarlo mediante un recurso de revisión, mismo que eventualmente resolverá en forma definitiva un tribunal colegiado penal de Toluca.

El 31 de agosto de este año el político hidalguense fue aprehendido en la Ciudad de México y encarcelado en el Penal del Altiplano, donde lo procesaron por delincuencia organizada y lavado de dinero supuestamente desviado por la UAEH.

Según la FGR, entre 2011 y 2018 una empresa facturera denominada Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. recibió 58 millones 245 mil 948 pesos, provenientes de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la universidad.

Sus accionistas realizaron retiros por 48 millones 569 mil 840 pesos y en ese periodo destinaron 23 millones 567 mil pesos a Sosa Castelán. (Con información de Agencia Reforma)